Las organizaciones demandan la creación de una comisión de seguimiento participativa, el cierre de todos los pozos y desalobradoras ilegales, o la reconversión de la agricultura intensiva, entre otras medidas.
La organización reclama a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que se comprometan con cinco peticiones para proteger este Patrimonio Mundial: más recursos para la conservación, menos carreteras, una agricultura legal y sostenible, cerrar los pozos y fincas ilegales e incrementar la superficie protegida.
La asociación denuncia “el lavado verde" que supone una incoación que "solo recoge algunos puntos de las dos acequias mayores, precisamente los que ya están protegidos en Cultura o en el Ayuntamiento”. “Cuartear la red hidráulica solo dificulta su conservación y protección, y para entender las acequias mayores hay que reconocer la importancia del conjunto de cauces, algunos de ellos milenarios”, explican.
Estos nuevos materiales, biorrenovables y biodegradables, pueden ser reciclados químicamente obteniendo el monómero original o nuevos monómeros, que se pueden volver a emplear para sintetizar de nuevo el material. Sus descubridores, investigadores de la Universidad del País Vasco de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, defienden que de esta manera se evita que se generen desechos plásticos.
Los animales han sido criados en la nacedora y el lago de nenúfares de la Fundación Oceanogràfic, y tras un año de preparación están listos para sobrevivir en el medio natural, donde han sido depositados.
El Consejo de Ministros aprueba un reparto de 3,5 millones de euros entre doce comunidades autónomas, destinados a evitar la electrocución de las aves, una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en este grupo de fauna.
La entidad exige al Gobierno regional que "no tire balones fuera tratando de culpabilizar a los fenómenos naturales del desastre ecológico de enormes dimensiones" en la laguna salada, y señala que el verdadero culpable de su actual situación "es el sector agroindustrial del Campo de Cartagena y las administraciones locales, regional y estatal, por no hacer su trabajo".
Ambas entidades creen que se confirman sus peores augurios y demandan actuaciones urgentes de conservación para la recuperación de la laguna: reducción significativa de los cultivos intensivos del entorno, cierre de los pozos ilegales, instalación de filtros verdes y naturalización de grandes superficies en el entorno, eliminación de puertos deportivos e instalaciones, y vertidos cero. Además, defienden que la DANA solo ha multiplicado los efectos, y la muerte del Mar Menor tiene como causa un desarrollo agrícola y urbanístico desaforado, de espaldas a la naturaleza, y la inacción de los responsables políticos.
Con cerca de 19 millones de presupuesto ordena y regula las actividades en la laguna. El documento establece asimismo la creación de la Comisión de participación de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral de la Región de Murcia.
