Representantes de 451 entidades ciudadanas de todas las comunidades autónomas, agrupadas en torno al movimiento 'macrorenovablesNO.org', han acudido a la escalera del Congreso hoy martes a expresar su negativa a dos artículos del Real Decreto Ley 20/2022, aprobado esta mañana, que eximen a los macro proyectos renovables de redactar evaluaciones ambientales, y a su vez han hecho entrega a los diputados de un documento conjunto expresando este rechazo, según informa la entidad en una nota de prensa.
Este martes, en sesión extraordinaria, el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 20/2022, cuyos artículos 22 y 23 permiten que los macro proyectos de renovables de más de 50 MW no estén sujetos a ninguna evaluación ambiental, así como su aprobación por silencio administrativo.
Los diputados que han acudido a la cita y han escuchado las reivindicaciones de este movimiento, "en un acto de solidaridad y responsabilidad con el medio natural y rural", señala el texto, han sido, por Unidas Podemos José Luis Bueno Pinto, Antón Gómez-Reino, Marisa Saavedra, Txema Guijarro y Enrique Santiago; por parte de BNG, Néstor Rego; de Compromís: Joan Baldoví; por CUP Albert Botrán; por EH Bildu Oskar Matute; por Teruel Existe Tomás Guitarte, y por Verdes EQUO Héctor Tejero.
El movimiento macrorenovablesNO.org "lucha por la justicia climática, y apoya una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo", señala la nota. Advierten asimismo de que "el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos de la ciudadanía, agrava la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad, su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios".
Este movimiento considera que el Real Decreto 20/2022 "no se ajusta a las normativas europeas. Vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones". Agregan al respecto que la aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre, precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. "Condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/2022", avisan.
2023-01-24
