Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha valorado positivamente el auto de 25 de noviembre de 2022 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena, que prohíbe el cultivo en varias parcelas agrícolas por la presencia de metales pesados en las mismas, con el fin de preservar la salud pública, según indica la entidad en una nota de prensa.
La decisión se ha producido en el marco de las Diligencias de Investigación del caso judicial relativo a los residuos peligrosos que contenía la Balsa Jenny.
El auto, que se basa en el informe elaborado por la Guardia Civil tras la toma de muestras y su análisis, indica que la actividad agrícola es incompatible con el nivel de metales pesados que existe en las parcelas. En el mismo se advierte que la presencia de plomo supera en más de 200 veces los niveles genéricos de referencia, el arsénico en más de 100, y el cadmio en casi 100 veces, al igual que el cobre y el cinc. Estos metales pueden tener consecuencias graves en la salud humana por ingestión de los mismos, por lo que la adopción de esta medida cautelar por parte del Juzgado resulta "totalmente necesaria, razonable y adecuada".
De no tomarse esta medida, ahonda el texto, "se correría el riesgo de poner en peligro la salud pública, ya que los productos cultivados podrían contener niveles intolerables de metales pesados, que llegarían al consumidor final, lo que además podría suponer incumplimiento de la legislación vigente sobre niveles seguros de metales en los alimentos".
Para Ecologistas en Acción, esta medida judicial implica que "se está poniendo en manos del Juzgado una labor de control y protección de la salud pública y el medio ambiente, que debería ejercer la Administración Regional, que es la garante, competente y encargada de velar por la salud de los consumidores". Por eso "resulta doblemente incomprensible que la Consejería competente no solo no haya adoptado estas medidas previamente, sino que además, una vez que la Guardia Civil emitió su informe, el consejero Luengo se limitó a negar la gravedad de la situación y a asegurar que los suelos eran aptos para el cultivo, en lugar de adoptar medidas preventivas de protección", apuntan.
Para la organización ecologista, resulta evidente que la actitud del Gobierno regional es la de una "defensa férrea y legitimación sin límites del sector agrícola, sin importar las afecciones al medio ambiente ni a la salud pública que esto pueda provocar. Justo lo contrario a la defensa del interés general que tiene encomendado el ejecutivo".
"La insuficiencia e ineficacia en el control y vigilancia por el órgano competente se ha puesto en evidencia, máxime cuando se trata de productos que están certificados con el sello de Agricultura Ecológica, sometidos a mayor control e inspección, y finalmente ha tenido que ser un juez el que proteja la salud de los consumidores de manera preventiva", lamenta la entidad.
"Ineficacia" frente a la contaminación por residuos mineros
La contaminación de los suelos de dichas parcelas procede de las escorrentías que se originan en la corta de Los Blancos, que es "una antigua explotación minera, indebida e irregularmente reconvertida a vertedero para albergar residuos peligrosos, cuando no reunía las condiciones para ello", advierte la nota. Los residuos fueron depositados en tal vertedero en 2005 como residuos mineros inertes cuando en realidad eran residuos peligrosos que, desde esa fecha, se han estado escapando a través de las escorrentías y lixiviados.
Ecologistas en Acción considera que este vertedero ha demostrado "ser ineficaz, al principio por carecer de sellado y después porque la capa destinada a solventar esa carencia no está impidiendo las mencionadas fugas". Tanto es así, añaden, que incluso "la capa superficial destinada a confinar esos residuos peligrosos presenta unos niveles de metales pesados superiores a los residuos que alberga en su seno. Esos residuos, cuando escapan fuera de la corta destinada a vertedero, contaminan los suelos en los que se asientan, como ha ocurrido en este caso".
Para los ecologistas, "resulta inadmisible que todo esto haya ocurrido con el consentimiento de nuestra Administración regional, que ha demostrado su ineficacia y falta de control, ya que, inicialmente procedió al traslado de los residuos peligrosos de la Balsa Jenny, aceptando la cesión realizada por Portman Golf SL, pero después no llevó a cabo un control de la gestión que esta empresa realizó del vertedero, y que a la vista de los resultados es evidente que resultó inadecuada".
Y coinciden con el auto del juez en que “la Administración tendrá que examinar el resto de las parcelas colindantes para comprobar el nivel de metales pesados para determinar si se han visto también afectadas”.
Por otro ello, desde Ecologistas en Acción exigen a la Administración regional que "cumpla con su labor de proteger el interés general y la salud pública frente a los impactos e intereses empresariales", para que no tengan que ser los jueces los que, a la postre, deban protegerlos. En este sentido consideran urgente el desarrollo del Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam) del ejecutivo murciano, y una "revisión exhaustiva y rigurosa de las parcelas agrícolas afectadas por la contaminación minera, en aras de salvaguardar la salud de las personas", concluye el texto.
2022-12-01
Foto: Ecologistas en Acción de la Región Murciana.
