La Administración regional, en una respuesta a una solicitud de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), admite que desde inicios del 2019 no se han iniciado expedientes sancionadores respecto de posibles electrocuciones de águila perdicera, encontrándose en fase de actuaciones previas siete expedientes abiertos, según revela una circular informativa remitida por una decena de organizaciones ambientales de la Región, titulada 'Matar águilas perdiceras le sale gratis a las compañías eléctricas'.
ANSE remitió en el mes de julio a la Dirección General del Medio Natural una petición de consideración de parte interesada en los expedientes abiertos por los casos de presunta electrocución de 9 águilas perdiceras registrados en el periodo 2021-2022. A este escrito, la citada Dirección General respondió que la Administración regional había abierto 12 expedientes de los cuales 5 habían finalizado con la corrección del apoyo y 7 se encontraban en tramitación, y admitía que “desde inicios del 2019 hasta el momento de la firma de la presente contestación no se han iniciado expedientes sancionadores respecto de posibles electrocuciones de ejemplares de águila perdicera". ANSE lamenta que "la información suministrada resulta, en la mayoría de los casos, escasa e impide conocer la ubicación exacta del cadáver, el titular de la línea o el contenido de la resolución final del expediente". Por esta razón, reiterará la información a la CARM y, si prosigue la negativa, estudia recurrir a los Tribunales para obtener información completa sobre los expedientes.
Con esa respuesta, señalan en el texto, "se reconoce que no se están imponiendo sanciones por la muerte de aves protegidas y únicamente se requiere la corrección del apoyo, ni siquiera de la línea completa". Las organizaciones ambientales han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se obligue a la CARM a la apertura de expedientes sancionadores.
A juicio de las organizaciones ambientales (ANSE, Stipa, Naturactua, Ulula, Anida, Meles, Ecologistas en Acción, Caralluma, Asociación Calblanque y Asociación Región de Murcia Limpia), la no imposición de multas dificulta la resolución de este grave problema ambiental. Pues en aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, "los operadores eléctricos tienen la obligación de corregir con carácter preventivo y de forma completa las líneas con riesgos y en caso de producirse electrocuciones por no estar corregidos debe sancionarse a las compañías eléctricas en aplicación de la Ley 42/2007". Este planteamiento jurídico ya ha sido confirmado en instancias judiciales, recuerdan, como por ejemplo a través de la sentencia 1.215/2021 del Tribunal Supremo, y contrasta con otras Comunidades Autónomas donde sí se están imponiendo cuantiosas multas a las compañías eléctricas por la muerte de aves protegidas en tendidos.
Las citadas organizaciones ambientales de la Región de Murcia vienen reclamando medidas efectivas para la solución inmediata de las muertes por electrocución y señalan "la especial responsabilidad de Iberdrola, ya que una parte importante de las muertes se han producido en tendidos no corregidos de su propiedad mientras que la compañía anuncia beneficios récord cada año".
Sin decreto de valoración de las especies de fauna
Precisamente a principios de 2021, las asociaciones ambientales realizaron una petición a la Comunidad Autónoma con diez medidas para acabar con la muerte de aves en tendidos de la Región de Murcia.
La respuesta "fue decepcionante", señala el texto, y el director general de Medio Natural del momento, Fulgencio Perona, indicó que se procedería a la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución, "pero lo cierto es que no se ha avanzado en este sentido", lamentan.
Ampliación de zonas de protección de electrocución de avifauna
Por otro lado, la CARM ha sometido a exposición pública el 'Proyecto de Orden de ampliación de zonas de protección de electrocución de avifauna en la Región de Murcia', que abarca hasta el 55 % del territorio regional, incluyendo el área de dispersión (zona donde se concentran jóvenes tras abandonar el territorio de origen) del águila perdicera de la llanura litoral.
Esta ampliación se produce tras los escritos de ANSE a la Fiscalía, CARM y Miteco, advirtiendo de "la grave mortalidad de águilas que estaba teniendo lugar en esa zona" y que tenía efectos a nivel estatal.
En relación a esta Orden, las ONG han presentado alegaciones solicitando su ampliación a la práctica totalidad del territorio regional y destacando la existencia de áreas conflictivas que han quedado fuera de la Orden, como las áreas de potencial recolonización del quebrantahuesos en Moratalla o zonas importantes para el águila perdicera, como la mitad meridional del Campo de Cartagena o el entorno de las Sierras de las Victorias y el Pericón.
El águila perdicera es una de las aves más amenazadas de la Región con solo 22 parejas nidificantes y está catalogada como 'En peligro de extinción', contando con un Plan de Recuperación aprobado que obliga a invertir dinero público en su conservación. Según datos de la propia Comunidad Autónoma, en los últimos diez años han muerto por supuestas electrocuciones cerca de 50 ejemplares de águila perdicera en la Región de Murcia, siendo la principal causa de muerte no natural.
2022-08-26
Dos águilas perdiceras yacen bajo un apoyo propiedad de Iberdrola en La Tercia (Murcia). Foto: Asociación Murcia Limpia.
Restos de un águila perdicera bajo un apoyo de Iberdrola en La Parroquia (Lorca). Foto: ANSE.
Rapaz muerta bajo un tendido eléctrico propiedad de Iberdrola (Murcia). Foto: ANSE.
