La ONG Greenpeace denuncia en un comunicado "la normalización de la mala gestión del agua en el sector agropecuario, a pesar de funcionar a veces como una trama con tintes criminales", al tiempo que presenta en rueda de prensa 'El Crimen del Agua', "una investigación sobre cómo funciona la gestión del agua en el sector agropecuario, a través de la paradigmática cuenca del Segura, una zona que sufre graves impactos medioambientales, tales como las graves afecciones del Mar Menor. Y la conclusión es que existe una estructura perfectamente organizada, con tintes casi criminales, en la que participan numerosos eslabones, que posibilita que la gestión del agua tenga un impacto inasumible para el medioambiente y las pequeñas explotaciones agrícolas", apunta el texto.
En numerosas ocasiones, agregan, las grandes empresas del sector se mueven con una impunidad “normalizada” y el acceso al agua depende de quién tiene más dinero o influencia. Y advierten de que "el miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores y agricultoras se está extendiendo cada vez más, debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos".
La nota recuerda que durante años, tanto Greenpeace como otras organizaciones ecologistas de diferentes ámbitos han puesto de manifiesto, con numerosos informes y estudios, los problemas de gestión del agua en la zona del Segura y en la Región de Murcia en particular, que es uno de los principales motores de producción agrícola y ganadera del país. "En todos ellos se describe la existencia de malas prácticas que tienen una repercusión muy negativa en el medioambiente".
Sin embargo, en esta ocasión, Greenpeace ha querido poner el foco en cómo se puede llegar a producir un problema de la dimensión de la destrucción medioambiental del Mar Menor y, sobre todo, quién lo hace posible. Así, ha llegado a la conclusión de que "no se puede culpar únicamente a quien vierte grandes cantidades de agua contaminada al Mar Menor, sino también a quien lo permite, se beneficia o mira para otro lado". En este sentido, la entidad ha elaborado la siguiente lista:
- La “oligarquía” agropecuaria, ese pequeño grupo de empresarios que manda sobre el agua, el campo y su futuro.
- Los lobistas, organizaciones representantes de la gran industria agrícola y ganadera que luchan y dan la cara por los intereses del sector.
- El Ministerio de Medioambiente de turno, que gestiona las cuencas hidrográficas intercomunitarias y tiene la capacidad de cambiar las cosas y que no solo no lo hace sino que contribuye a perpetuar la situación.
- Los Gobiernos a nivel regional, que funcionan como una correa de transmisión del sector agroindustrial y ganadero y que, en ocasiones, actúan como barrera de contención frente a posibles intentos de “intromisión” judicial o de otros estamentos.
- Las empresas de trabajo temporal también juegan un papel fundamental en este entramado, ya que son quienes facilitan la mano de obra barata necesaria para el campo.
- Las grandes constructoras de infraestructuras hidráulicas que pasan desapercibidas pero que sacan beneficio y mantienen el flujo del agua en movimiento.
- El sector de la distribución, que mira para otro lado, pero que es quien finalmente pone en manos de las personas los productos procedentes de este sinsentido. Las grandes cadenas de alimentación son tan responsables de la desaparición del Mar Menor y de otros impactos medioambientales como el resto de participantes.
Para el responsable de la campaña #SalvarElAgua de Greenpeace, Julio Barea: “Esta situación grave, y más cada vez en un contexto de crisis climática, es extrapolable a muchas zonas de nuestro país. La principal responsabilidad del problema del agua recae sobre el Gobierno central, ya que, además de tener la competencia de las confederaciones hidrográficas intercomunitarias (cuyo desempeño es muchas veces dudoso), es quien podría ordenar auditorías para conocer cómo se está repartiendo el agua y quién se beneficia de ello, pero no actúa de forma decisiva”. Greenpeace considera que el Gobierno antepone en ocasiones el miedo a las protestas del sector agroindustrial al cuidado del medioambiente y ha cubierto la gestión del agua de un manto de oscurantismo intolerable.
La organización ecologista llama también a la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos y del respeto de elementos que intervienen en la gestión del agua, así como a las propias empresas y organizaciones de regantes para que piensen en el futuro de sus regiones y no solo en las cuentas de resultados del próximo año.
Este informe se enmarca en la campaña “Salvar el Agua” de Greenpeace, con la que la organización quiere sensibilizar sobre la grave problemática del agua y exigir medidas urgentes y eficaces a las Administraciones.
Personada en el Caso Topillo
Greenpeace ha confirmado en la rueda de prensa que continuará personada como acusación particular en el Caso Topillo, que investiga el vertido de contaminantes al Mar Menor, ya que para la organización ecologista la vía judicial es una parte fundamental para demostrar que no todo vale y que si la clase política no pone freno a la mala gestión, al menos espera que sea la justicia quien lo haga. Todo ello, a pesar de tener claro que intentar esclarecer los entramados del agua es un asunto complicado que muchas personas y organizaciones no pueden permitirse.
Greenpeace emite esta nota justo en el día en que comienza oficialmente el verano y lo hace "con la mitad de las demarcaciones españolas con reserva de agua embalsada por debajo del 50%". Según el Gobierno, añade, el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación. Y la ciencia (el propio IPCC) alerta de que España tendrá menos precipitaciones en el futuro y más calor, es decir, más evapotranspiración y menos agua disponible. "Con este panorama, cabría pensar que las Administraciones están tomando todas las medidas para garantizar agua segura, en cantidad y calidad, de cara a las próximas décadas. Pero no es así", lamenta.
2022-06-21
