«La humanidad nunca ha estado en una encrucijada como la que tiene actualmente, que es la degradación de los ecosistemas que hacen posible su vida», advierte Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia (UMU). Esta abogada e investigadora se ha convertido en un referente nacional y europeo en la lucha por la obtención de la personalidad jurídica para los ecosistemas relevantes amenazados. Una lucha que ha focalizado en su tierra, en el Mar Menor, la mayor laguna costera de España, cuya conservación se ha visto gravemente comprometida. Vicente está liderando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Personalidad Jurídica del Mar Menor en su intrincado viaje hasta el Congreso, a donde ha llegado con un amplio respaldo social y, ahora también político, y donde permanece aún a la espera de saber si continuará su viaje administrativo hasta convertirse en ley. El último escalón ya tiene fecha: el día 5 de abril es la toma en consideración en el Congreso. Una semana para cumplir muchos sueños. La especialista considera que la propuesta avanza por buen camino y que saldrá adelante, pero no solo como texto legal, sino como otra forma de convivir con nuestro entorno.

«Le veo futuro porque forma parte de esa opción que es, o bien nos quedamos como estamos -y ya sabemos lo que ocurre-, o bien introducimos una serie de instituciones jurídicas, políticas y económicas que nos permitan por encima de todo proteger nuestro ecosistema, que es el que está en grave peligro». Para ello, explica, hay que situar a las personas dentro de ese ecosistema y, por tanto, condicionar sus derechos a esos derechos de la naturaleza, «porque sin esa base vital, nosotros no podemos vivir. El planeta seguramente sí, pero nosotros no. Por eso le veo futuro», insiste. Y recalca que «estamos hablando no solamente del futuro del planeta tal y como lo conocemos, sino del futuro de la humanidad. Si seguimos con este modelo está claro que vamos a colapsar».

La profesora de Derecho en la UMU lo tiene claro, «el valor de la vida es muy superior a cualquier otro valor», sentencia, y ahonda en su reflexión: «le veo futuro porque es el único modelo que nos puede sacar de esta encrucijada, de quedarnos como estamos e ir cada vez más rápido hacia el colapso o intentar un modelo diferente que nos haga rectificar el error de habernos separado de la naturaleza, haber declarado que es un objeto y haber llevado un modelo de desarrollo que se basa sobre todo en el beneficio económico y la explotación ilimitada de la naturaleza».

Y a todo ello suma que la ILP va a salir adelante porque el Mar Menor tiene las condiciones de todos los demás ecosistemas del planeta que han recibido esta figura legal «y, además, porque ahora mismo somos una bandera en Europa y en el mundo, y hay un movimiento social muy fuerte». De ser así, sería el primer ecosistema europeo que recibe este reconocimiento.

¿Por qué causas podría no salir adelante?, se pregunta en la vorágine de su fecundo ímpetu comunicativo, ¿acaso porque no haya una capacidad jurídica o política de hacer realidad otro modelo? «Pues habrá que poner a otras personas que sean capaces de hacer realidad esos modelos», se responde contundente. Alega que en todas las Ciencias se están creando nuevos modelos para hacer frente al cambio climático, «si no somos capaces en el Derecho o en la política porque siguen prevaleciendo otra razón y otra lógica diferentes que ya no tienen sentido -porque este progreso ilimitado ya no tiene sentido ya que nos está conduciendo a nuestra propia destrucción-, pues habrá que poner a gente capaz. La única realidad que tenemos es que la ley natural está siendo violada».

Ante las voces que dudan de esta estrategia, a la especialista le «apena mucho que estemos intentando frenar modelos. ¿Por qué es tan difícil darle derechos a la naturaleza y no a un banco o a una corporación? El que este modelo jurídico sea complicado no es ningún problema porque hay especialistas que facilitamos nuevos modelos. Lo que tenemos que exponer es la gravedad del problema, no pensar en si tenemos que hacer un modelo diferente», incide. Porque «no se trata de echar por tierra las normas jurídicas, sino de constatar un hecho que está claro y que nadie nos puede probar lo contrario, que es que con todas las figuras de protección medioambiental, el Mar Menor ha colapsado», defiende.

Entiende, eso sí, que el proceso «a lo mejor va a costar trabajo, porque es una figura muy nueva, pero ¿qué otra opción tenemos, quedarnos como estamos? Ya sabemos lo que nos va a pasar: llevamos 40 años esperando que esto cambie, y no solamente no cambia sino que va a peor. Y ya sabemos por qué: porque la parte explotada, que es la naturaleza, no tiene derechos propios», resume.

Vicente, que distribuye su tiempo entre las clases y la asistencia a decenas de actos -entrega de premios, asistencia a congresos, exposición a colectivos interesados...-, tiene un hueco para contar que entre desplazamiento y desplazamiento está leyendo estos días ‘Por una Constitución de la Tierra' de Luigi Ferrajoli -filósofo del Derecho con quien comparte editorial y '¿Quién alimenta (realmente) al mundo?’, de Vandana Shiva, libros que, reconoce, le ayudan a levantar la moral.

La ILP ha cumplimentado una larga travesía desde los despachos de la UMU -pasando por calles, plazas, playas y comercios de toda España para la recogida de firmas- hasta su reciente exposición en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, donde Vicente ha logrado la adhesión de todos los grupos políticos salvo VOX. El siguiente trámite es la votación en el Pleno del Congreso, que se promete superable. «La posibilidad de que no se apruebe siempre existe, pero se supone que van a mantener su postura», analiza.

Es el tiempo de los políticos

En todo caso, Teresa Vicente defiende que ahora es el tiempo de los políticos. «Nosotros hemos llamado a la puerta de los parlamentarios, que son nuestros representantes, y les hemos dado nuestro mensaje. Y ellos han dicho: “vale, lo vamos a hacer”. Y ahora es su tiempo».

Por eso, y ante la gravedad de la albufera, han pedido que se aceleren los pasos legales todo lo posible. «Porque sino, nos podemos eternizar y el Mar Menor está muy enfermo, no aguantaría tanto tiempo. Y la ILP es una medida de protección muy fuerte para él, es una ley de urgencia absoluta por el estado del Mar Menor y por los propios ciudadanos».

Así, estimaban que la votación del Pleno debería celebrarse antes incluso de Semana Santa. Esto lo decide la Mesa, que tenía como plazo máximo el mes de mayo, «pero en nuestros cálculos está que lo envíen a principios de abril». Y se ha cumplido. La votación será el próximo martes 5 de abril.

Tras la votación, la ILP volverá a la Comisión de Transición Ecológica, que tiene que informar de la propuesta y someterla a la revisión de expertos. Es el periodo de enmiendas, que desde la ILP se solicita que se tramite por el procedimiento de Urgencia, que reduce todos los plazos a la mitad. Esta medida la puede proponer el Gobierno o los mismos parlamentarios. De nuevo, dice «es su tiempo».

Si, siempre según sus estimaciones, llega a la Comisión en abril y se aplica la urgencia, la ley estaría lista en unos cinco meses, para verano, «que es lo que pretendemos, porque no queremos que haya otra DANA y que todo siga igual».

Finalmente, tras su aprobación, debería después acompañarse de un desarrollo del Reglamento de esa ley.

De salir adelante, la nueva ley conlleva la creación de tres figuras, que se reparten el peso de la supervisión del Mar Menor: la Tutoría o Representación Legal -el llamado Comité de Representantes-, encargado del control y la vigilancia; la Comisión de Seguimiento -con los guardianes de la laguna, que están en contacto con la gente y, entre otras funciones, analizan cómo se está aplicando la figura legal en otros casos y hace un informe anual- y el Comité Científico, que asesora a los dos anteriores, por ejemplo, indicando los riesgos de la laguna costera. Entre estos tres organismos independientes se configura definitivamente un órgano colegiado denominado Defensoría del Mar Menor.

El texto indica que la Tutoría contará con la presencia de representantes de los ciudadanos de los municipios ribereños, pero también con las Administraciones Públicas -central, autonómica y local-, cuya actuación sobre la laguna es constantemente discutida por la sociedad. También, el nombre de 'Comité científico' viene lastrado por las mismas causas. Es algo que desde la organización se ha meditado: «Para hacer esta propuesta de ley nos hemos basado en los errores que han hecho que el Mar Menor esté a punto de colapsar. Uno de los motivos por los que el pueblo ha propuesto esta iniciativa es porque las autoridades no han hecho nada. Por ello, nosotros no lo vamos a dejar en sus manos, porque para eso podríamos seguir igual. La Administración tiene que estar porque estamos en un estado de Derecho, pero la mayoría la van a conformar ciudadanos cuya defensa del Mar Menor esté garantizada y que han luchado por las necesidades del ecosistema. Cuantitativamente, la idea es que siempre haya el doble de ciudadanos que representantes de la Administración».

No colapsar los juzgados

La aprobación de la ley va a permitir que los ciudadanos puedan denunciar en nombre del propio Mar Menor cualquier acción que consideren que supone una agresión al ecosistema, pero la idea «no es que nos lancemos todos a los juzgados», observa. Para ello, explica, existe la figura de la Defensoría, al tiempo de que desde la organización se está abogando por la creación de un Mediador Judicial especializado en conflictos medioambientales.

Así, cualquier testigo de un posible impacto ambiental debería acudir en un primer momento a la Defensoría del Mar Menor. Sus tres organismos analizarían el caso para determinar si hay pruebas suficientes como para acudir al ámbito judicial. «La Defensoría va a actuar como un primer filtro para no colapsar los juzgados, porque hay que asegurarse de que tiene una base jurídica suficiente».

Si desde este organismo se considera que hay pruebas suficientes, confirman que el impacto continúa, que no se han aplicado medidas correctoras y que la demora hace que el ecosistema esté sufriendo un daño -lo que está pasando ahora, apostilla-, entonces actúa la Defensoría.

Pero antes del juicio, entra en juego la figura del Mediador Judicial Medioambiental propuesta. «Para nosotros es muy importante porque va a intentar desjudicializar muchas causas. La idea es que a través de esta acción se paralice inmediatamente una afección al ecosistema, se sancione si hay que sancionar, y se repare. Y en última instancia, que se judicialice. Y si finalmente hay que ejercer una acción legal, el ciudadano podría estar asistido por el Mediador Judicial Medioambiental especializado en estos problemas», aclara.

De hecho, la figura jurídica del mediador ya existe, por ejemplo, para los asuntos de Familia, y se le está dando cada vez más fuerza. En esta misma línea, desde la ILP están intentado que se abra un Juzgado especializado en medioambiente, «pero mientras llega, tenemos la figura de este mediador, que trabaja por los derechos de la naturaleza y a su vez para la participación ciudadana en los asuntos que le importan, como es el medioambiente, que es la base de su vida», concluye la catedrática.

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Imágnes: cortesía de Teresa Vicente y equipo.