Ante el anuncio del gobierno Regional de llevar a cabo dos proyectos en el entorno de la Rambla del Albujón "sin realizar la más mínima evaluación de sus posibles impactos ambientales y a pesar del entorno tan sensible en el que se ubican", Ecologistas en Acción ha exigido hoy que se paralicen y "se sometan a una valoración completa, no sólo del impacto sobre el medio ambiente, sino también de su eficacia real para luchar contra la contaminación agroindustrial del Mar Menor", según indican en una nota de prensa.
La justificación que se esgrime para acelerar ambos proyectos, el “filtro verde y su balsa de regulación” y los 15 biorreactores, en parcelas agrícolas del Campo de Cartagena (Los Alcázares), es la de interceptar, “depurar” y “limpiar” las aguas que llegan al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón, indica el texto, que incide en que "no sólo no se han evaluado sus posibles efectos negativos, sino que está en entredicho su eficacia real, dado que no se ha testado la eficacia de una instalación de biorreactores de la dimensión que se pretende construir".
"Al igual que ya sucedió con anteriores proyectos faraónicos de muy dudosa eficacia, que en algún caso han sido objeto de investigación judicial", la organización advierte de "la temeridad" que supone utilizar un simple informe de la Dirección General de Medio Natural para justificar la falta de efectos negativos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, mientras no existe el necesario informe de la Dirección General de Medio Ambiente que determine si el proyecto requiere o no la evaluación, ni tampoco una justificación del órgano sustantivo de& que no la requiera.
Para la organización, los argumentos que exigen una evaluación ambiental son claros. Por un lado, se trata de una extensa superficie (25 hectáreas) con una instalación depuradora de aguas de origen principalmente agrícola, en una zona extremadamente sensible ambientalmente (Mar Menor), con vertido a la rambla del Albujón, colindante con una microrreserva de flora protegida y próxima a zona de reproducción de la canastera común (Glareola pratincola), especie incluida en la Directiva Aves, que es objeto de un importante proyecto de conservación de la Asociación ANSE en colaboración con agricultores responsables de la zona.
Esta falta de evaluación elude, por ejemplo, estudiar los posibles efectos derivados de un mal funcionamiento, accidentes, episodios de lluvias o inundaciones, que podrían resultar en vertidos de residuos y aguas con altas concentraciones de contaminantes en el Mar Menor, avisa la nota.
Además, denuncian que el proyecto no es coherente con el vigente Plan de Gestión del Mar Menor, que exige el trámite de afección a la Red Natura 2000 o estudio de repercusiones mediante una evaluación ambiental simplificada. Y precisamente, destacan, no se incluye ninguna decisión sobre dicho estudio en el expediente facilitado al público, tan sólo el informe, completamente insuficiente, de la Dirección General de Medio Natural.
Todo esto resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que la Comisión Europea ya tiene abierto un expediente de infracción contra España, precisamente por la inexistente o deficiente determinación de los "objetivos de conservación" en los Planes de Gestión de los espacios Red Natura 2000 ya aprobados, entre ellos el del Mar Menor
También es arriesgado eludir la evaluación cuando el Proyecto parece cofinanciado por la Comisión Europea (Feder), que no sólo podría penalizar la falta de tramitación, sino que podría cuestionar la inversión por su mala relación coste/eficacia.
Dudosa eficacia, insolidaria y cara
En cuanto a la propia eficacia de ambos proyectos, Ecologistas en Acción insiste en que las medidas, si no abordan el origen del problema, no serán eficaces. Por otro lado, apunta que no se ha demostrado que los biorreactores funcionen adecuadamente a tan gran escala. Por ello consideran que el gobierno Regional continúa planteando "medidas de “final de tubería” y dudosa eficacia, mientras sigue reticente a adoptar medidas en origen", como serían una mayor limitación del uso de fertilizantes, la rápida eliminación de superficies de cultivo ilegales, así como distintas soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en origen, incluyendo biorreactores y filtros verdes, pero a escala de explotación agraria y con cargo a los titulares de dicha explotación.
Además, el hecho de que toda la acción del ejecutivo murciano se plantee en términos de carísimas obras públicas, eludiendo repercutir coste alguno a las empresas del sector que más ha contribuido y contribuye a la contaminación de la laguna, supone un agravio comparativo totalmente insolidario, ya que se premia a los contaminadores, y se trasladan los costes ambientales, sociales y económicos a las principales víctimas: la ciudadanía en general, en particular quienes han perdido su empleo, su empresa o han visto depreciado el valor de sus bienes, debido a la crisis eutrófica del Mar Menor.
Para terminar, estas obras públicas de final de tubería suponen un alto coste presupuestario, que además induce un coste de oportunidad: esas inversiones no sólo no solucionan el problema, sino que es dinero del que no dispondremos para emplear en otras medidas realmente eficaces, como pueden ser la compra y renaturalización de superficies agrícolas, medidas de retención de suelos y nutrientes a diferentes escalas de la cuenca, las soluciones basadas en la naturaleza en origen ya mencionadas (biorreactores y filtros verdes a escala de parcela agraria a cargo de los agricultores), la ampliación de superficies de humedal natural y la renaturalización de la desembocadura de las distintas ramblas, en particular la del Albujón, reconectando tales ramblas con las nuevas superficies de humedal natural que se han de crear. Además, los proyectos de final de tubería, como el que se pretende construir desincentivan las medidas en origen, al pretender que la solución ya se ha adoptado.
Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que sería necesario replantearse la oportunidad de ambos proyectos, teniendo en cuenta su esperable baja relación coste/eficacia, y como mínimo exige que se sometan a una evaluación de impacto ambiental simplificada.
2022-01-19
