La Comisión Europea refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen ambiental a través de un proyecto en el que participan once países europeos y que estará coordinado por WWF, según informa la entidad en una nota de prensa.
El proyecto, denomindao SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe, por sus siglas en inglés) y que busca la disminución de los delitos contra la fauna silvestre gracias al aumento del número de casos detectados, enjuiciados y condenados penalmente, fomentará la coordinación, la mejora en la toma de datos, la formación y la cooperación transfronteriza entre los socios, entre los que figura España. WWF ejercerá la coordinación y contará con la participación de Traffic, Flora and Fauna International y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia.
Los delitos contra la fauna salvaje están recogidos en convenios internacionales y en la legislación europea y nacional, lo que tiene importantes consecuencias en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, una parte de la sociedad sigue considerándolos delitos menores. El furtivismo, el uso del veneno para control de predadores, la caza y pesca ilegal o el tráfico de especies amenazadas suponen los principales riesgos para estas especies. Además, sólo el tráfico ilegal de especies constituye la cuarta actividad criminal organizada por detrás de la trata de personas y del tráfico de drogas y de armas, según la Interpol.
La UE, consciente de ello, ha puesto en marcha distintas iniciativas, entre las que destaca la aprobación del proyecto LIFE SWiPE. Este innovador proyecto unirá los esfuerzos de 11 países, incluyendo España, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Italia, Ucrania y Polonia mediante la cooperación transfronteriza y la formación a los agentes implicados en la cadena de lucha contra el crimen ambiental -agentes de medio ambiente, Seprona, aduanas, fiscales, abogados, jueces…- con el objetivo de mejorar la detección, investigación y persecución de estos crímenes, así como las condenas de los culpables.
Para Gema Rodríguez, responsable del Programa de especies de WWF España, “casos como el reciente envenenamiento del oso Cachou ponen de manifiesto que, a pesar de la sensación de impunidad, las investigaciones son vitales para destaparlos y son efectivas cuando se destinan medios policiales suficientes para perseguirlos, por lo que deberían dedicarse más esfuerzos y recursos”. Y añade: “en España tenemos equipos punteros en la detección y persecución de algunos de estos delitos como el veneno y se ha avanzado mucho en las últimas décadas, con un aumento en el número de sentencias ejemplarizantes. Gracias al proyecto SWIPE podremos replicar estas buenas prácticas con otro tipo de delitos contra la fauna y en otras regiones y países”.
El proyecto SWiPE está financiado por el programa LIFE de la CE, cuenta con un presupuesto de 3.186.175€ y se implementará durante 3 años en un total de 11 países. Está coordinado por WWF Bulgaria, con la participación de otras nueve oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad como FFI, Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia. En España cuenta además con el apoyo del Seprona, la autoridad Cites del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio para la Transición Demográfica y el Reto Demográfico y el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental y SEO BirdLife.
2020-12-18