La plataforma Pacto por el Mar Menor califica el reciente anuncio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia apremiando a realizar las intervenciones que deberán acometerse por parte de los agricultores en el entorno del mar Menor, como "mera propaganda pagada con dinero público y que no tiene más sentido que transmitir la sensación de que el Gobierno regional trabaja en la recuperación de la laguna", según relata en un comunicado, en el que se añade también que otra intención es la de "justificar su ya anunciada oposición a las enmiendas presentadas por la oposición al Decreto de Medidas Urgentes, que se debatirán el 10 de enero de 2018".
Esta plataforma ciudadana considera que el referido e insuficiente Decreto "se aprobó con el fin de poder llevar a efecto una reforma del mismo a la mayor brevedad, pero a pesar de estar vigente desde abril de 2017 y de su carácter de urgencia, la Consejería de Agricultura notificó a los agricultores la necesidad de su cumplimiento el día 22 de diciembre, cuando ya habían transcurrido ocho meses", lamenta.
Así mismo, estima que "las medidas recogidas en el mencionado anuncio son del todo insuficientes y no impedirán que el estado de degradación de este espacio siga avanzando. La prohibición de cultivos a menos de 100 metros de la línea de costa de la que, además, quedan exceptuados los invernaderos, es ridícula en un espacio natural de esta categoría", detalla. Para la Plataforma, si se pretende la recuperación y protección del mar Menor "será precisa una normativa que establezca medidas mucho más ambiciosas y plazos urgentes de aplicación, por lo que Pacto por el Mar Menor confía en que las enmiendas presentadas por la oposición, que representa a la mayoría de los electores, sean aprobadas y puestas en marcha lo antes posible".
La entidad también plantea su escepticismo a que tanto las medidas vigentes como las que se aprueben en un futuro próximo "lleguen a cumplirse a la vista de que, después de más de tres décadas de incumplimientos que con seguridad llevarán al banquillo de los acusados a varios cargos regionales, esta inercia no ha cambiado y se apuesta más por defender el lucro de sectores y empresas muy concretos que por la defensa del patrimonio colectivo".
2017-12-31
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