La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Greenpeace han presentado alegaciones para que se realicen los trámites que conduzcan a la caducidad definitiva del proyecto de mantenimiento de Puerto Mayor y a su restauración ambiental, informa Greenpeace en una nota de prensa.
Las organizaciones recuerdan que "las obras de Puerto Mayor son ilegales porque fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca ha sido tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En su día la empresa Puerto Mayor contaba con concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, pero dicha concesión caducó en 1988 sin que se realizara obra alguna", aclara la nota.
El texto señala que se trata de un proyecto que "pese a los importantes daños ambientales del mismo, únicamente beneficia a los intereses particulares de una empresa. Este proyecto supondría la destrucción de aproximadamente un kilómetro de playas en una zona donde las infraestructuras y la regresión de la línea de costa han acabado con muchas de ellas".
“Las únicas obras que debería permitir el Gobierno de la Región de Murcia deberían ser las del desmantelamiento del puerto y la recuperación del último tramo sin urbanizar de La Manga del Mar Menor”, ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace; mientras que Pedro García, de ANSE, ha lamentado que "el nuevo director general de Transportes, Costas y Puertos de la Comunidad Autónoma, José Ramón Díez de Revenga, desde su toma de posesión trate de impulsar la construcción de Puerto Mayor". “No parece que mantener la necesidad de hacer este puerto sea la mejor manera de pedir la colaboración y diálogo de las organizaciones de defensa de la naturaleza. Si Díez de Revenga tiene instrucciones del presidente López Miras de poner orden en el mar Menor y salvaguardar su sostenibilidad, la restauración ambiental del entorno de Puerto Mayor debería ser objetivo prioritario, debido a su elevado impacto y numerosas irregularidades”, defiende.
En concreto, el Escrito de Alegaciones se ha presentado en el procedimiento de información pública del 'Proyecto de conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existente en las instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier' promovido por Puerto Mayor, S.A, y que fue publicado en el BORM del pasado 21 de julio del 2017 por parte de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos.
En el texto se indica que el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, autorizó en el año 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor existentes en la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001 "sin contar con la aprobación de la Comunidad Autónoma. Estos hechos motivaron que ANSE presentara denuncia contra Alvarado por la comisión de dos supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia".
La Fiscalía hizo suya la denuncia de ANSE, describe la nota, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia procesara a Alvarado por un delito de prevaricación. El director general no ha llegado a ser condenado por estos hechos al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del proceso judicial, si bien la Audiencia Provincial de Murcia debe todavía resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía para que finalmente sí que sea juzgado.
El documento sostiene que "la empresa no cuenta con autorización judicial para realizar obras de mantenimiento en Puerto Mayor" ya que el auto que permitía tales obras dejó de tener vigencia el 21 de mayo del 2010 cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia condenó a la Comunidad Autónoma en Sentencia a declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor y la nulidad de la resolución dictada por Antonio Alvarado permitiendo las obras. En estas circunstancias, si el director general de Transportes, Costas y Puertos aprueba el proyecto de obras de mantenimiento presentado por Puerto Mayor, S.A. "estaría incurriendo en las mismas responsabilidades penales por las que ya fue procesado Antonio Alvarado", advierte el escrito.
Pese a todo lo anterior, la nota incide en que el Gobierno regional del Partido Popular "ha facilitado el camino a la empresa Puerto Mayor, S.A. a fin de que realice las obras".
Y añade que "la autorización de la consolidación de parte de las obras de Puerto Mayor incumpliría igualmente el acuerdo mayoritario de la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea Regional" de Murcia de 15 de febrero de 2017, instando al Gobierno Regional para que “reponga la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior al 16 de Diciembre de 1988, declarando la caducidad de la concesión administrativa concedida a Puerto Mayor, S.A, y reparando los daños medioambientales causados en la zona”.
Las organizaciones recuerdan que en el Mar Menor existen ya diez puertos deportivos con cerca de 5.000 embarcaciones amarradas, a los que hay que añadir dos puertos en San Pedro del Pinatar y otro en Cabo de Palos. “¿Es necesario seguir destruyendo la costa con nuevos puertos deportivos y más barcos?”, se pregunta García.
Además, ANSE y Greenpeace han entregado hoy mismo 22.000 firmas de apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, que piden al Gobierno de Murcia: la restauración de la zona donde están las obras de Puerto Mayor, la restauración de los arenales, con el fin de recuperar espacios naturales, que también mejorarían la calidad de vida y el turismo en la zona, y el rechazo a la construcción de nuevos puertos en La Manga y el Mar Menor.
2017-08-16
