Varias entidades ecologistas han alzado la voz tras los cambios que el Gobierno regional ha introducido en la normativa ambiental por el riesgo que, a su parecer, supone para el patrimonio natural.
Así, Pacto por el Mar Menor considera que "los dos Decretos Leyes aprobados durante el periodo de aislamiento por la COVID-19 agrandan la sombra del ecocidio sobre el Mar Menor", según detallan en una nota de prensa.
El texto señala que a pesar de las bondades declaradas en el Preámbulo de ambos Decretos Leyes, y la declaración de agilización de trámites medioambientales para pequeñas empresas y autónomos “sostenibles”, el Decreto Ley nº 3/2020 de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras, "deja a la ciudadanía y al medio ambiente indefensos. Así, proyectos urbanísticos como el Plan Parcial del Vivero, entre otros, quedarán en manos de la Administración local de Cartagena, sin capacidad para detener tropelías ambientales como las ocurridas en Mar de Cristal, Calblanque y Sierra Minera". Además, este segundo Decreto Ley "declara la intención de intensificar la participación de la sociedad , y sin embargo omite las medidas concretas para esa participación real y efectiva contemplada en el Convenio de Aarhus".
Asimismo, lamenta que el Decreto-Ley nº 5/2020 de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 "en el área de medio ambiente contiene varios artículos en los que se permite un aumento de vertidos y contaminantes, que pasarían del 15% de la ley anterior al 30%, lo que contribuiría sin duda a empeorar el ya deteriorado estado del Mar Menor".
Por ello, la plataforma se pregunta si "seguimos con brindis al sol mientras el deterioro del Mar Menor continúa".
Por su parte, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción (EEA) denuncian en un comunicado conjunto que el nuevo Decreto-Ley nº 5/2020 "aumentará los déficit ambientales de la Región de Murcia". En concreto, indican que "en el área de medio ambiente, supone dar un enorme paso atrás en materia de prevención y protección del medio ambiente, que ya venía acumulando regresiones y carencias incompatibles con la garantía de un medio ambiente saludable y seguro para todos los ciudadanos". Para ambas entidades, "la Comunidad Autónoma pone la guinda, con este Decreto, al desmantelamiento de la administración ambiental, colapsada por falta de personal y acumulación de expedientes, derivada de muchos años de pésima gestión, que ahora pretende derivar, en parte, a los Ayuntamientos, que tampoco están preparados para estas transferencias, o de los empresarios, como ha intentado con la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA)".
Las organizaciones recuerdan que la Ley de Protección Ambiental integrada sufriría con esta su sexta reforma, "cuando no ha existido el más mínimo interés por el Gobierno regional en poner en marcha las medidas que contemplaba para mejorar la administración ambiental", como la plataforma informática para consultar el estado de tramitación de los expedientes por los interesados, que ahora vuelve a anunciarse.
Además, añaden, el ejecuitivo "evita" los informes de entidades como el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, al igual que hiciera con la tramitación del Decreto Ley del Mar Menor, "despreciando procesos de participación y consulta fundamentales".
Conciden ambas en que "se utiliza de excusa la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, pero las reformas propuestas no supondrán mejora social alguna, más bien al contrario, al permitir aumentar la contaminación por residuos, emisiones y otras vías, lo que sin duda afectará a la salud de los ciudadanos, degradará la calidad de vida y tendrá impactos negativos en la conservación de la naturaleza".
Entienden también que las medidas estrella del Decreto "suponen reducir los controles y garantías previos a las ampliaciones industriales", reduciendo supuestos y tiempos de evaluación ambiental, y permitiendo que se aumente hasta un 30% "sin control alguno el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones". Y agregan que también dejan en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización, "lo que favorecerá un crecimiento urbano-turístico aún más caótico, descontrolado y a la carta de intereses privados, y sin los necesarios controles ambientales y administrativos".
Estos cambios, "lejos de suponer una medida de fomento de la economía, suponen facilitar que el beneficio empresarial se base, de nuevo, en ampliaciones sin control y en el aumento de la contaminación y los vertidos. En cuestión urbanística se facilitará la aprobación de nuevos desarrollos, o se desatasquen otros antiguos, con alto impacto ambiental y social, al convertir a los ayuntamientos en juez y parte", advierten.
Ecologistas en Acción y ANSE consideran que "el Gobierno regional se equivoca al seguir ahondando en un modelo económico caduco, que ya se ha demostrado desastroso en el pasado, y que pretende un crecimiento económico basado en la destrucción del territorio y la relajación de la legislación ambiental".
Y lo califican además de "error mayúsculo en el contexto actual de crisis sanitaria", que muchos investigadores apuntan relacionada con la excesiva depredación ambiental del ser humano en el planeta, y cuando la mayoría de países desarrollados están adoptando medidas de reducción de la contaminación y de las emisiones de CO2 para reducir la amenaza del Cambio Climático, y la Unión Europea apuesta por un modelo económico “verde”.
Por último, advierten de que los desastres ambientales provocados por la mano del hombre, como ha ocurrido en Portmán, Proambiente o el Mar Menor, demuestran dos cosas. De una parte, que "la destrucción y contaminación del territorio trae consecuencias negativas, no sólo ambientales, sino también sociales, económicas y de salud pública"; y, de otra, que "la permisividad institucional frente a empresas contaminantes, lejos de traer riqueza a la sociedad, genera algunos beneficios privados y acaban convirtiéndose en grandes agujeros de costes económicos públicos, inasumibles o que lastran las arcas públicas durante décadas, por no hablar de su impacto en el tejido económico y social, como el que se evidencia en la comarca del Mar Menor".
ANSE y Ecologistas en Acción instan así al Gobierno regional "a que rectifique de inmediato y retire este Decreto-Ley, apostando por un cambio de modelo de desarrollo para la Región de Murcia, apoyado en la innovación, la calidad del empleo, la recuperación ambiental, la reducción del consumo de recursos y de la contaminación, y la mejora de las condiciones de vida de los murcianos y murcianas".
2020-05-12
Vista aérea de La Manga. Imagen: Pacto por el Mar Menor.
