La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pihuelas, ha intervenido 23 aves rapaces de diferentes especies, entre ellas dos águilas perdiceras, constituyendo así la primera incautación realizada a ejemplares adultos de esta especie en España,según informa la entidad en una nota de prensa.
La operación, que se ha desarrollado en Baleares y en la que se ha intervenido también un mono verde, se ha saldado con ocho personas investigadas como presuntos autores de delitos contra la flora, la fauna y los recursos naturales, además de falsedad documental.
La actuación ha sido desarrollada por el Serpona y se enmarca en la lucha contra el expolio en el medio natural de aves rapaces y huevos para su exportación y/o para ser usados por criadores. En ella se verificó primero la lícita procedencia del comercio de especies rapaces en la comunidad balear, y después comenzaron las inspecciones, muchas simultáneas, en las que se contó con la colaboración de los inspectores de las Direcciones Territoriales de Comercio de Barcelona, Alicante y Valencia.
Destaca la inspección efectuada en un núcleo zoológico de la comarca de Es Raiguer, donde se ubicaban un gran número de rapaces y en el que fueron intervenidas dos águilas perdiceras por supuesta falsedad del documento CITES de una de ellas, y manipulación de la anilla de la otra.
El águila perdicera se extinguió en Mallorca en los años 70 y en la actualidad se está desarrollando un programa de reintroducción de la especie en la isla. El proyecto, de nombre Life Bonelli, está financiado con fondos europeos y la especie figura como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Esta incautación constituye la primera realizada a ejemplares adultos en España. Se trata de una especie muy demandada por su exclusividad, ya que no se cría en cautividad salvo en contadas ocasiones en algunos centros europeos. Cada ejemplar está valorado entre 9.000 y 15.000 euros, dependiendo de su sexo.
En este mismo centro también fueron intervenidos tres águilas reales y un mono verde por deficiencias en la documentación que ampara su lícita procedencia, así como dos pigargos de Steller. Además, se descubrió una plantación de 142 plantas de marihuana, que fue intervenida, y se procedió a la detención de una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública.
En detalle, en la operación se han incautado 11 halcones peregrinos (Falco peregrinus), 2 águilas perdiceras (Aquila fasciata), 3 águilas reales (Aquila chrysaetos), 1 azor (Accipiter gentilis), 4 cernícalos comunes (Falco tinnunculus), 2 pigargos de Steller (Haliaeetus pelagicus) y 1 mono verde (Chlorocebus aethiops). El conjunto está valorado en más de 82.000 euros y todas las especies están catalogadas con el máximo nivel de protección.
Entre los años 2013 y 2016 se habían intervenido en España 22 halcones peregrinos, 2 águilas reales, 10 azores, pero ningún águila perdicera, por lo que esta operación constituye una de las principales intervenciones de las especies autóctonas nacionales (águila perdicera y halcón peregrino), a nivel europeo.
Dentro de esta actuación se han realizado inspecciones en centros de las localidades de Esporles, Algaida, Cala Murada, Felanitx y en el Aeropuerto y Puerto de Palma, en la isla de Mallorca. En ellas se han comprobado los requisitos que deben cumplir las instalaciones para la cría de estas aves, así como la documentación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), que debe acompañar a cada uno de los ejemplares de aves rapaces a lo largo de su vida.
De hecho, se comprobó la validez de los documentos que presentaban los propietarios y se verificaron tanto los datos obrantes en la autoridades administrativas CITES en España, como en autoridades CITES de Alemania, Bélgica, Reino Unido, República Checa y Austria.
También se han analizado numerosos datos obtenidos de diferentes organismos oficiales, referentes a las altas y bajas de estas especies en el territorio de la comunidad y se han estudiado de los envíos de rapaces entre las islas y a diferentes puntos de la geografía española.
Simultáneamente se tomaron muestras de ADN de algunos especímenes, consistentes en la extracción de plumas para su posterior análisis y cotejo con el de los supuestos parentales. La localización de dichos parentales resultó, en muchas ocasiones, extremadamente compleja y laboriosa, debido al precario control documental que presentaban algunos criadores de su plantel, precariedad buscada con el objeto de dificultar la labor inspectora. Para finalizar, se comprobó la autenticidad de las anillas, así como su posible manipulación para simular una lícita procedencia de rapaces expoliadas.
Para la realización de todas estas gestiones ha sido fundamental la colaboración prestada por la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior perteneciente a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, así como, por diferentes Direcciones Territoriales. También ha colaborado el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Las Islas Baleares (COFIB).
2017-11-14