La plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor considera que la denuncia presentada ayer en los juzgados de Murcia por el fiscal jefe José Luis Díaz Manzaneda sobre el estado de la laguna regional es "de extraordinaria trascendencia para el mar Menor". Se trata de un escrito, apuntan, "muy exhaustivo en relación con la estado de la laguna que, aunque centrado en la cuestión de las desalobradoras y de los vertidos ilegales de salmueras por la rambla de El Albujón, se extiende también a otros aspectos del problema que a veces quedan en segundo plano: regadíos ilegales, contaminación de los suelos y del acuífero por exceso de fertilizantes, infraestructuras millonarias totalmente inútiles, falta de inspecciones y controles de todo tipo, etc.". Todas estas cuestiones, añaden, "han sido incansablemente denunciadas por el Pacto por el Mar Menor y las asociaciones y colectivos que lo integran".
La denuncia cita a un total de 37 nombres, entre ellos conocidos ex altos cargos de algunas instituciones regionales, agricultores y empresas agrarias, que sin embargo no están imputados, situación que se aclarará después de que, en su caso, presten declaración.
La entidad recalca que "el fiscal jefe Díaz Manzaneda ha cumplido su palabra" y que ha presentado un trabajo "sólidamente fundamentado tanto desde el punto de vista científico como normativo. Es apabullante el número de normas vulneradas que se enumeran y la cantidad de datos sobre la contaminación de la laguna, sus causas y sus consecuencias que, como se viene diciendo, podrían incluso ser dañinas para la salud".
La Plataforma Pacto por el Mar Menor quiere "reivindicar la importancia de la denuncia y la movilizaciones ciudadanas que están siendo fundamentales para que el Estado de Derecho actúe por fin contra los responsables de uno de los casos más importantes de delito contra el Medio Ambiente de toda Europa".
Además, recuerdan que "muchos de los actuales dirigentes políticos continúan con la misma inercia que los responsables señalados por el fiscal, y siguen sin actuar contra la contaminación en origen que afecta al Mar Menor". La excepción, detallan, "son los actuales dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura", los cuales, según el fiscal, son las únicas autoridades que han “mostrado interés y sensibilidad en tratar de poner freno a la situación disparatada que ya se había generado”.
El Pacto valora positivamente que la denuncia coloque en un plano de igualdad a los anteriores responsables de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y a los que lo fueron de la Confederación Hidrográfica del Segura. "La omisión de funciones de ambas Administraciones fue escandalosa a partes iguales", afirma, y añade que asimismo "resulta muy acertado que se introduzca en la denuncia el posible fraude a subvenciones europeas por haber empleado ayudas millonarias de la PAC para cometer estos delitos".
La denuncia además, se refiere expresamente a algo que el Pacto también viene denunciando: la reivindicación de agua por parte de los agricultores (tal como se ha visto en la manifestación de hace unos días), mientras que apenas se habla de las miles de hectáreas de regadíos ilegales existentes y de la vulneración de muchas normas y prácticas agrícolas que llevan a cabo muchos de ellos. Esto, unido a "la tolerancia durante años de la Administración, y a una desastrosa planificación o ausencia de ella, y a unas infraestructuras inexistentes o inútiles, ha provocado un caos que ahora es muy difícil de revertir", sostiene.
Respecto a las empresas agrícolas denunciadas, la entidad echa de menos "más referencias a explotaciones agrícolas ubicadas en la zona de Arco Sur de la laguna. Estas explotaciones son, en gran número, recientes, están muy próximas a la laguna y muchas carecen de derechos de agua". Asimismo, echa en falta (quizá podría hacerse en piezas separadas, aduce) "la denuncia de la empresa concreta responsable de la fabricación de las desalobradoras ilegales y también la referencia a la posible malversación de caudales públicos en relación con la obra del salmoreoducto de El Carmolí, ejecutado en 2015, que costó 1’6 millones de euros y que no ha servido para nada".
La Plataforma "confía en que la denuncia y el posterior proceso penal sirvan, no solo para depurar responsabilidades por los hechos cometidos, sino también para generar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad y una nueva manera de gobernar de nuestros políticos que sea más respetuosa con el medioambiente", concluye la nota.
2017-12-15
