Activistas de Greenpeace desplegaron ayer una pancarta en una finca del campo de Cartagena para "reclamar al Gobierno regional la aplicación inmediata de las medidas agrarias que exige la ley autonómica de sostenibilidad ambiental y que garantizarían la sostenibilidad ambiental en el entorno del mar Menor, que actualmente se encuentra en un estado de contaminación grave debido a la intensificación del regadío y la mala gestión del agua", señala la ONG en un comunicado.
La pancarta, en la que se podía leer 'Salvemos el Mar Menor' y que se extendió sobre el suelo, fue acompañada por otra sostenida por miembros de la organización con el texto '¡Cumplimiento de medidas urgentes ya!'. Ambas valieron para denunciar que "la ausencia de implementación de esta norma provoca que se sigan vertiendo nitratos y otros productos tóxicos a la laguna costera, que ya ha sufrido un colapso ambiental", según el comunicado.
La nota recuerda que la Asamblea Regional aprobó esta ley el pasado mes de febrero "y hasta la fecha no se ha dado ningún paso para su aplicación". La ley establece una clasificación por zonas en función de la urgencia de la gestión. La explotación agraria en la que se ha desplegado la pancarta se encuentra dentro de la denominada zona 1, que, según la normativa, dispone de un plazo de un año para implementar las medidas urgentes que reclama la organización ecologista.
Sin embargo, "el Gobierno murciano no está dando ningún paso para asesorar y controlar la puesta en funcionamiento de esta serie de medidas exigidas a los agricultores. En este caso, ni siquiera se ha cambiado la orientación de los cultivos, que favorece que las aguas de escorrentía, cargadas de abonos químicos, lleguen al Mar Menor sin retención alguna", denuncia el texto.
“Transcurridos ya cinco meses desde la entrada en vigor de esta ley, la administración viene dando claras muestras de su negativa a llevarla a efecto, como ya ocurriera con su propio Decreto de Medidas Urgentes de abril de 2017, que nunca se puso en práctica y solo fue notificado a las organizaciones agrarias ocho meses después de su entrada en vigor”, señala el portavoz de Greenpeace, Joaquín López.
El comunicado destaca que esta actitud por parte de las autoridades responsables "no solo ahonda en el deterioro ambiental del mar Menor, sino que además supone un perjuicio para los propios empresarios de la industria agroalimentaria, cuya imagen en los mercados europeos se está deteriorando gravemente como consecuencia de las malas y descontroladas prácticas que tan graves consecuencias están teniendo para este ecosistema único".
Asimimso, añade que tampoco hay constancia sobre qué medidas se adoptarán para el control de los nitratos ni de si se están suprimiendo los regadíos ilegales, "·circunstancia especialmente grave en una región en la que la reclamación de trasvases es continua y en la que, a menudo, hay que recurrir a la explotación de pozos ilegales y la desalación particular mediante desalobradoras que no cuentan con autorización".
Por su parte, Pacto por el Mar Menor apoya en una nota de prensa la acción de denuncia llevada a cabo por estos activistas, y lamenta que "la actitud del Gobierno regional no ha cambiado prácticamente en nada desde que el mar Menor entró en el estado de degradación que sufre". "A la pasividad demostrada con los ocho meses transcurridos desde la entrada en vigor de su propio decreto de Medidas Urgentes, ahora hay que sumar otros cinco desde que se tendría que haber empezado a implementar la vigente Ley. El único paso dado por la Consejería de Medio Ambiente, como hemos podido ver en los últimos días, ha sido el de añadir nuevas dilaciones a su aplicación con supuestas dificultades técnicas planteadas de acuerdo, cómo no, con representantes de la industria agroalimentaria", detalla el texto.
Desde esta plataforma recuerdan "nuevamente, a la Administración regional, que tantas décadas de dejadez y negligencia solo podrán solucionarse con medidas en origen y estas son, precisamente, las que se recogen en la Ley de Medidas Urgentes" y recalcan que "la actividad agraria es importante, pero si es insostenible, solo generará beneficios a unos pocos a corto plazo y ahondará en el estado de eutrofización de la laguna con gravísimas consecuencias para el futuro de la Región".
Ya ha transcurrido casi la mitad del tiempo que la Ley otorga para la implantación de las medidas agrarias en la Zona 1 y por tanto, "exigimos que se cumplan los plazos y se aceleren las actuaciones para la promulgación de una Ley de Protección Integral del Mar Menor que contemple la regulación de todas las actividades que se desarrollan en el entorno de la laguna", concluye la nota.
2018-07-13
Pancartas sobre el terreno. Imagen cedida por Pacto por el Mar Menor.
Pancarta principal. Imagen cedida por Pacto por el Mar Menor.
