La noticia de que WWF ha alertado a los supermercados europeos del impacto de la agricultura ilegal del Mar Menor para que sólo adquieran productos que provengan de fincas con garantías de legalidad certificada ha creado alarma entre algunos agricultores regionales, que temen que la medida afecte a todos por igual y los productos locales de la Comunidad se devalúen.
En concreto WWF ha indicado que ha remitido documentación a los principales supermercados europeos para que analicen si sus proveedores de verduras y frutas cuentan con la legalidad de agua y suelo.
Ante estos temores, fuentes de la organización conservacionista han señalado que la situación será "todo lo contrario, justamente nuestra intención es que los agricultores que están haciendo las cosas bien y que cumplen se vean reforzados frente a quien hace trampa y constituye una competencia desleal".
Para ello, agregan, trabajarán con los supermercados, para que éstos, a través de herramientas cartográficas -ya que las fincas ilegales están identificadas por la Administración- y sobre todo de procesos de certificación con los que pueden pedir documentos que garanticen el uso legal del suelo y del agua al productor, puedan estar seguros de que compran a quienes hacen las cosas bien. Así, "quien está trabajando de forma legal y pueda demostrarlo, saldrá claramente reforzado", defienden.
Podría surgir la duda de que se proponga cambiar en el etiquetado ese origen de Murcia por España, con el fin de evitar que las personas concienciadas en el extranjero eludan la compra. Un esperable control exhaustivo en este sentido parece suficiente para que se desvincule claramente a los agricultores que están operando de manera correcta de los que no. En todo caso, para WWF, esto es una consecuencia de que el mercado está metiendo en el mismo saco a todos los agricultores de una zona por culpa de la existencia de ciertos 'piratas'. Por eso consideran imprescindible que rápidamente se paralicen y se erradiquen esas 8.500 ha de cultivos ilegales (casi un 20% del total) para preservar la imagen de la agricultura del campo de Cartagena y para empezar a reducir la presión sobre el Mar Menor. "Nosotros no promovemos ni alentamos este tipo de medidas ni queremos culpabilizar ni criminalizar a un sector o a una zona. Trabajamos para evitar que haya ilegales y para promover una agricultura sostenible que sea respetuosa con el medio ambiente, pero para ello quien debe dar el primer paso debe ser el propio sector, denunciando esta mala praxis y exigiendo respuestas a la administraciones".
En cuanto a la formación, no es cuestión de dar nombres «porque nosotros no somos quienes determinamos si una finca es legal o no; en todo caso, debe ser la Administración. Nosotros trabajamos para que se pida que se demuestre la legalidad».
Uso legal del agua: una guía online
La formación, dicen, se dirige a empresas certificadoras, auditores y técnicos precisamente para ahondar sobre cómo comprobar el uso legal del agua en el terreno, y también sobre cómo incorporar procesos que garanticen esta legalidad a través de la certificación de los productos. «De hecho, llevamos años trabajando con los principales estándares y normativas de producción para mejorar los criterios ambientales y ya en muchos de los estándares se incorpora la verificación del uso legal del agua».
Detallan al respecto que son las empresas certificadoras las que deben requerir y verifican la existencia de los oportunos permisos y documentos para que se puedan cumplir esos estándares que exigen los supermercados para garantizar la calidad y la sostenibilidad del producto.
La entidad, además, dispone de una Guía para verificar el uso legal del agua', que ofrecen los auditores e inspectores de las empresas certificadoras así como a técnicos y agricultores que lo requieran, que es una herramienta útil que les permita afrontar la compleja tarea de auditar este aspecto y que está disponible online.
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Mónica Rubio. Periodista y Bióloga
2021-09-03