Las organizaciones ambientales Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción Región Murciana, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa han remitido un extenso informe a la Consejería de Medio Ambiente donde identifican el alcance de la problemática que suponen las electrocuciones de fauna silvestre en la Región y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación vigente para revertir la situación de alta siniestralidad de los tendidos, al tiempo que han redactado un decálogo para acabar en tres años con la alta mortalidad de aves en los tendidos eléctricos, según informan dichas entidades en una nota de prensa conjunta.
La nota apunta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que al año mueren en España más de 30.000 aves por electrocución, si bien algunos autores calculan que esta cifra podría multiplicarse incluso por 10. Es decir, en la Región de Murcia se estaría electrocutando, al año, entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies de aves.
A pesar de la incertidumbre en el número total de ejemplares afectados, resulta evidente que la tasa de mortalidad resulta inasumible y supone la principal causa de muerte en muchas especies, particularmente en aves rapaces protegidas. Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, lo que indica que "se trata de un grave problema que está infra-estimado, seguramente sólo se estén registrado el 3 % de los casos", advierten.
Ante esta situación, las organizaciones ambientales plantean diez medidas concretas que permitirían resolver la mortalidad de aves en los tendidos en un corto espacio de tiempo.
La primera de ellas pasa por la revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos.
A continuación, las organizaciones plantean una mejora de medios humanos y materiales de los agentes medioambientales para detectar los tendidos más peligrosos así como la elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión. Igualmente incluyen una evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar.
El listado contempla también el traslado de las competencia de los expedientes a funcionarios jurídicos de Disciplina Ambiental, estableciendo dos posibles vías en función de titularidad: apertura de expediente sancionador en caso de compañías de suministro e instrucción de modificación para líneas privadas en la primera electrocución (aplicación Ley 26/2007).
Las entidades apuntan asimismo a la ilegalidad de los convenios establecidos con las compañías eléctricas para evitar la apertura de expedientes sancionadores (según Oficio de la Sala de la Fiscalía General de Medioambiente del Tribunal Supremo de 29/07/2019).
Otras medidas planteadas son la ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región, la integración del riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de Industria y la exigencia de soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de los parques solares.
La aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución cierra este decálogo con el que las organizaciones ambientales consideran que se puede acabar en tres años con la alta mortalidad de aves en los tendidos eléctricos
Las ONG detallan, además, que ello supondrían menos del 1% de los beneficios del sector eléctrico. "A cambio, se obtendrían enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo (control de daños agrícolas por conejo, evitar proliferación de enfermedades, retirada de cadáveres, regulación de poblaciones de roedores, etc.)", concluye la nota.
2021-01-20
Las siete ONG ambientales de la Región calculan que en la Comunidad se estaría electrocutando, al año, entre 600 y 6.000 ejemplares de aves. Imagen: ANSE.
