Cinco ONG instan a Endesa e Iberdrola a poner medidas para evitar electrocuciones de fauna

Cinco entidades conservacionistas, "liderando el movimiento de lucha contra las electrocuciones de aves rapaces en Europa", han pedido a Endesa e Iberdrola que pongan los medios económicos y organizativos necesarios para acabar cuanto antes con la pérdida constante de biodiversidad por las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos, según informa la Asociación Adensva en una nota de prensa.

En el escrito, además de Adensva también participan las asociaciones ambientales sin ánimo de lucro AGRÓ, GER-EA, ASHA y SAO. Estas entidades han puesto, además, en conocimiento del escrito a las empresas consultoras y de Compliance Penal -que trabajan para prevenir la infracción de normas de carácter penal y evitar eventuales sanciones que generen responsabilidad a la empresa-.

El texto de las asociaciones surge como consecuencia de la primera querella criminal planteada por una Fiscalía Provincial, por la supuesta comisión de un delito contra la fauna y los recursos naturales que está tramitándose en Barcelona contra la compañía distribuidora Endesa (Grupo Enel) y seis altos cargos de la misma en Cataluña.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) fue la primera en denunciar un caso de electrocuciones masivas de cigüeñas, y Adensva sumó otra denuncia más que incluía cientos de aves rapaces electrocutadas durante estos años, cursando también una denuncia el pasado año a la Fiscalía de Medioambiente de Barcelona. La Fiscalía ha terminado por formular una querella histórica por ser la primera vez que ocurre en el ámbito europeo, como consecuencia de la reforma del Código Penal en 2015 a raíz de la aprobación de la Directiva Penal Europea 2008/99/CE en materia de Medioambiente.

Lo que destaca esta vez en los escritos dirigidos a Endesa e Iberdrola es que desde las propias compañías se verán forzadas a evitar la comisión de delitos medioambientales; y las empresas consultoras y de Compliance Penal, a las que se pone en conocimiento, "deberán estar vigilantes para que las eléctricas inviertan cantidades exorbitantes para evitar las electrocuciones de aves si no quieren perder sus certificaciones ISO de Aenor, por lo que se verán forzadas a ello, o las propias compañías y su personal directivo podrían ser imputados y condenados por un delito medioambiental en cualquier provincia española donde se producen electrocuciones masivas y continuadas cada año", detalla la nota. Las asociaciones agregan, además, que "en caso de que esto pudiera ocurrir, las posibles repercusiones en sus cotizaciones en bolsa podrían ser nefastas, tanto si fueran finalmente condenadas como sólo por verse obligadas a invertir miles de millones de euros en cumplimiento del principio ambiental europeo “quien contamina paga”.

Más de 50 águilas imperiales electrocutadas en cinco años

Uno de los casos más graves que la asociación Adensva se plantea remitir a la vía penal a través de la Fiscalía de Medioambiente es la electrocución de 54 águilas imperiales (especie en peligro de extinción) durante los últimos cinco años en la provincia de Ciudad Real; "donde la Administración no ha abierto un solo expediente sancionador y Endesa no pone remedio a esta sangría de muerte que fácilmente podría evitarse".

El texto añade que "parece que las compañías eléctricas permanecen pasivas o adecuando un número insignificante de postes eléctricos", amparadas por distintos Convenios con la Administración que estas asociaciones tildan de "ilegales y posiblemente delictivos". De esta manera, explican, "consiguen que no se les impongan multas por matar especies protegidas, como las tramitadas y confirmadas en los Juzgados de Albacete".

Las citadas ONG conservacionistas piden a Endesa que invierta 600 millones de euros anuales, "para que en cinco años no haya una electrocución más en España". La misma cuantía y plazo se le pide a Iberdrola, que es la operadora eléctrica dominante y presente en la Comunidad Valenciana.

2021-04-30