La Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa y la Fundación Nueva Cultura por el Agua advierten en una nota de prensa de que el Reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables no se ajusta al Derecho de la Unión Europea y piden a todas las instituciones sociales, ambientales y políticas, que se opongan a su aprobación.
En la nota, las entidades solicitan asimismo al Gobierno de España y, en especial, a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que no apruebe dicho Reglamento en el próximo Consejo extraordinario de Energía del 24 de noviembre.
El texto recuerda que 20 y 21 de octubre de 2022 se celebró un Consejo Europeo que trató diversos temas. En sus conclusiones pidió a la Comisión que, respecto de la crisis energética, presentara «urgentemente» decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico, entre las que incluyó «la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes, por ejemplo con medidas de emergencia sobre la base del artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)».
Como resultado, el 9 de noviembre de 2022, la Comisión presentó al Consejo de la Unión Europea una propuesta de reglamento para «acelerar el despliegue de las energías renovables» (COM(2022) 591 final 2022/0367), en la que se propone la declaración de interés público superior la planificación y operación de instalaciones renovables y de su conexión a la red y de la propia red y activos de almacenamiento, por lo que permite eliminar la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos.
Ante ello, Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma para una Transición Ecológica Justa presentan un informe que realiza un análisis jurídico utilizando el conocimiento científico más reciente disponible sobre el particular. Este informe concluye que la propuesta de reglamento para «acelerar el despliegue de las energías renovables» presentada el 9 de noviembre de 2022, por la Comisión al Consejo de la Unión Europea no se ajusta al Derecho de la Unión Europea por, al menos las siguientes razones:
● Falta de base jurídica, ya que no cabe entender razonablemente que las excepciones ambientales propuestas pueden considerarse incluidas en el concepto de ayuda financiera a los Estados miembros que se recoge en el artículo 122 del TFUE, elegido como fundamento de la propuesta.
● Vulnera el principio de no regresión ambiental contenido implícitamente en el objetivo de alcanzar una sostenibilidad basada en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y en el fomento de la solidaridad entre las generaciones establecido en el artículo 3.3 del TUE, pues reduce el grado de protección vigente al ampliar las excepciones.
● Contradice el principio de integración establecido en el artículo 11 del TFUE y el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales al impedir exigencias fundamentales de la protección del medio ambiente se integre en la definición y realización de las políticas energéticas.
● Transgrede los límites establecidos en las principales directivas de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas (artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE) y el principio de control caso por caso, abocando a importantes riesgos de deterioro que no han sido evaluados y, por tanto, contradicen el principio de cautela del artículo 191.2 del TFUE.
Para ambas entidades, no es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las Instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados.
"El statu quo de la Unión en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ser sometido por cualquier interés privado en la producción energética de renovables, sólo aquellos intereses públicos que realmente son «superiores» pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen", concluye el texto.
2022-11-22
Foto: Pixabay.
